"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Actualidad
El sector de la discapacidad pide estar en el grupo de trabajo oficial sobre el futuro de las instituciones residenciales
19/06/2020
El movimiento social español de la discapacidad organizada articulado en torno al CERMI y sus Organizaciones miembro se ha dirigido al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para pedir presencia en el grupo de trabajo creado ayer por decisión del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para abordar la situación de las residencias y demás instituciones de vida colectiva de personas mayores y personas con discapacidad, tras el impacto de la pandemia ocasionada por el coronavirus.
En su solicitud, el CERMI señala que el movimiento de la discapacidad de iniciativa social en España es titular o gestiona por delegación o concierto públicos buena parte de los recursos residenciales para personas con discapacidad, incluidas personas con discapacidad mayores, por lo que es vital tener presencia en ese grupo de trabajo oficial, y aportar al mismo la visión y propuestas de esta parte de las estructuras del bienestar del país.
El impacto de la pandemia ha sido desproporcionado en el sector de la discapacidad –en vidas y en destrucción económica y red social- y muy particularmente en los recursos asistenciales habitacionales, lo que hace preciso y acelera un proceso anterior y en marcha de repensar y reconfigurar las instituciones colectivas de la discapacidad, para transitar a respuestas inclusivas, insertadas plenamente en la comunidad. Este es un horizonte irrenunciable, para materializar el derecho a ser incluido en la comunidad y llevar una vida independiente, libremente elegida, con los apoyos adecuados.
Todas estas dimensiones han de ponerse de manifiesto en el grupo de trabajo creado por el Estado y las Comunidades Autónomas para que el debate y las propuestas que de él surjan sean completas e integren y asuman a todos los operadores sociales y grupos de interés, para contribuir a esa reformulación de las redes habitacionales colectivas para personas mayores y personas con discapacidad.
